Tras la firma del acuerdo de cese al fuego bilateral definitivo, el correspondiente acuerdo de localización de las fuerzas de las FARC-EP para efectuar la dejación de armas, el pasado 23 de junio, se vislumbra en el horizonte inmediato la firma del Acuerdo Final en el proceso de diálogo y negociación [entre el Gobierno Nacional y] la organización insurgente más grande de Colombia y que haya habido en el continente en los últimos sesenta años.
De ocurrir las cosas como van y se las espera, muy seguramente en cuestión de semanas se estaría produciendo la firma del Acuerdo Final, lo cual implicaría el fin de la guerra en Colombia, aunque se mantuviera la confrontación entre las fuerzas del Estado y el Ejército de Liberación Nacional, habida cuenta que la presencia de esta organización insurgente está limitada a algunos territorios de la geografía nacional, principalmente en la zona fronteriza con Venezuela, algunos bastiones históricos en el Sur del Bolívar, Nordeste y Bajo Cauca antioqueño, y algunos territorios en Chocó y Nariño; y además porque se espera que en corto tiempo el Gobierno y el ELN instalen la mesa de conversaciones en su fase pública, luego de que superen el impasse del secuestro por parte del ELN, que se ha constituido en el obstáculo para el inicio de esa mesa.
Así, tendríamos de inmediato la configuración de un escenario de diálogo amplio en el país en el que estaría implicada la nación entera. Conviene aclarar que el escenario de diálogo que señalamos no discurre en una única instancia, ni en un sólo momento sino que es la conjunción de tres tipos de diálogo en el que la sociedad estaría implicada y será protagonista, en el propósito de cerrar definitivamente el conflicto armado interno y construir la paz estable, duradera y justicia social.
Estos tres tipos de diálogo son:
1. Diálogo útil:
Es el diálogo que desarrolla la sociedad o sectores de ella, con el propósito de contribuir de manera eficaz al entendimiento entre las partes del conflicto, en este como Gobierno y ELN, a la obtención de acuerdos y al gran propósito de poner punto final a la guerra.
Para que este diálogo sea eficaz se requiere
a. Que se haga sobre los temas estrictamente necesarios, los cuales son los que corresponden más con el interés o reclamos históricos de las partes enfrentadas.
b. Que sea sobre los temas suficientes para cumplir con el propósito de poner fin a la guerra.
En resumen, en el diálogo útil se tratan los temas indispensables para que las partes pacten el final de la confrontación. Aquí no será posible tratar todos los temas de la conflictividad colombiana, lo cual no significa que no deben tratarse, pero que si establece que pueden ser tratados en otros escenarios, como lo veremos más adelante.
Ahora bien, para que el diálogo útil sea con los temas necesarios y suficientes, se requiere gran sentido de realismo y de ponderación, porque estos temas relacionados con el conflicto armado no podrán ser resueltos de manera definitiva; por ejemplo si se determina que uno de los temas es la explotación petrolera, es indispensable establecer un perímetro del tema, porque este está ligado al desarrollo energético del país y, este último, al modelo económico, de tal modo que se pueden examinar los temas y cerrar las discusiones sabiendo que el tema no se agota, de que tampoco se han agotado otros relacionados con este. Pero también a sabiendas de que podrán y deberán ser tratados en otros escenarios y momentos. En suma, los temas han de ser acotados y concretos.
El diálogo útil y eficaz requiere que se establezca quienes son los que dialogan, pues si bien para este diálogo está convocada toda la sociedad, muy seguramente participarán con mayor interés y compromiso la sociedad territorial de la conflictividad con el ELN, es decir, no es razonable que se espere una participación igualitaria de todos los territorios del país, cuando la conflictividad con el ELN no se ha desarrollado en toda la geografía nacional, a pesar de que el ELN se haya proyectado históricamente como una organización nacional y con un discurso e interés que concite a la nación entera.
Esto es clave entenderlo porque muy seguramente habrá sectores sociales que estimen irrelevante participar en este tipo de diálogo, de modo que conviene tener los pies sobre la tierra a la hora de plantearse expectativas sobre la participación de la sociedad.
El tiempo de duración del diálogo es otro de los factores que se deben asumir con ponderación, pues los tiempos políticos del país generan una fuerte presión imposible de evitar. Esta observación es indispensable considerarla, pues el Diálogo Social propuesto desde la agenda entre el Gobierno y el ELN, para que sea útil ha de discurrir en el período de gobierno del presidente Juan Manuel Santos y antes de que se instale en el país la coyuntura electoral en el 2017.
Pero el factor tiempo no es solo el momento para hacer el diálogo, es también la duración del mismo. Aquí también conviene llamar la atención sobre una tendencia muy metida en nuestra cultura de dialogar sin concretar. Los colombianos nos caracterizamos por ser muy buenos argumentadores, pero muy pobres en nuestra capacidad de síntesis; lo que supone establecer durabilidad de los diálogos de tal modo que sea el tiempo suficiente y que encaje o esté en armonía con los tiempos políticos del país.
2. Diálogo Justo:
En el que se desarrollen la sociedad y la institucionalidad en cada territorio impactado por el conflicto, con el propósito de construir justicia social en el marco de la paz territorial y la implementación de los acuerdos de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC-EP.
Este diálogo discurre en el posconflicto armado o dicho de otra manera en el del post-acuerdo de paz.
Si bien los diálogos de paz con las insurgencias, son las partes del conflicto armado los protagonistas, en los diálogos de construcción de paz es la sociedad territorial la protagonista para sembrar la paz con justicia social.
En la historia de la paz en Colombia, se han intentado diferentes modelos de construcción de paz, los cuales han sido limitados en su alcance y han tenido resultados insatisfactorios, debido fundamentalmente a la corrupción del Estado contratista, que determinó que los modelos se construyen desde el centro hacia la periferia y, dicho de otro modo, desde la capital hacia los territorios del conflicto.
En estos modelos corrientes de diálogo social han sido los tecnócratas los protagonistas, pues han sido ellos quienes diseñan los programas y proyectos, que consideran son la solución de los grandes problemas del territorio.
Así el PNR (Plan Nacional de Rehabilitación), y otros de su estilo no fueron más allá de atender algunas necesidades de infraestructura en los territorios del conflicto, y de realizar una muy limitada intervención para cubrir con derechos a las comunidades que habitan estos territorios.
Por ello, la construcción de paz pasará en esta ocasión por la implementación de un modelo de paz territorial, que significa dar el protagonismo a la sociedad o comunidad del territorio, pero que sea ella misma, en un diálogo de concertación, de construcción con la institucionalidad territorial, quienes definan los contenidos y modos de la solución a sus grandes problemas.
Es necesario advertir que no es posible pretender que las comunidades territoriales sean quienes resuelvan los problemas estructurales del país y la nación, tales como los modelos de salud y educación, o los relacionados con el modelo económico y la doctrina de las fuerzas armadas. Esto es un asunto de la nación que expondremos en otro apartado.
Ahora bien, para poder estructurar la paz territorial se requiere que el diálogo sea justo, esto es que las partes intervinientes en el diálogo (sociedad territorial e institucionalidad territorial) tengan dos características: capacidad y recursos. La capacidad se refiere a la cantidad de empoderamiento que tenga cada comunidad, el cual es posible medirlo a partir de su organicidad, sus liderazgos, sus acumulados de luchas anteriores, sus logros ante la institucionalidad, su independencia ante otros actores políticos y armados, sus programas y plataformas de lucha, y obviamente a los saberes y competencias que tengan sus líderes en el momento de abordar el diálogo para la construcción de paz.
Pero para que sea exitoso este diálogo, se requiere que la institucionalidad en el territorio sea fuerte, o dicho de otro modo, que el Estado tenga una presencia sólida permanente. Esta fortaleza se mide en si las distintas instancias del Estado Social de Derecho tienen presencia estable y permanente en el territorio para cubrir de derechos a todos los ciudadanos.
Pero no basta con la presencia, se requiere generar en la institucionalidad procesos de superación de viejos lastres que no permiten funcionar como lo establece la ley; se requiere reordenar al funcionariado en su disposición de servicio, en el respeto de lo público, en superar costumbres corruptas y clientelares y en la disposición en capacitarse y cualificarse para un mejor servicio público y mejor relacionamiento con el ciudadano. Pero esta institucionalidad en el territorio requiere también de capacidad para pactar y disposición o acceso a recursos para cubrir el costo de la implementación de los acuerdos o pactos territoriales, los que podrán tomar forma de planes de desarrollo territorial, municipal o regional, como también la forma de proyectos específicos para la construcción de justicia social.
Los recursos para hacer la paz territorial deben salir de la suma de recursos propios de la institucionalidad en el territorio más recursos especiales derivados desde el presupuesto nacional y el fondo de paz que maneja el Gobierno Nacional.
Diálogo en el territorio sin recursos es un ejercicio que solo generaría frustración y causa nuevas guerras.
3. Diálogo Nacional:
Es el diálogo en el que está concitada la nación entera para tratar los temas que conciernen a todas y todos los colombianos sin excepción, es decir, aquellos temas que hacen parte de la agenda del país y no solo de un sector social en particular.
El Diálogo Nacional es una necesidad incuestionable, cuando el diálogo institucional ya no alcanza o no da cuenta de las necesidades que tiene un país de
Las agendas del gobierno y las insurgencias han tratado temas necesarios y suficientes para poner punto final a la guerra. Las agendas de las comunidades y la institucionalidad territorial sirven y alcanzan para iniciar la construcción de paz en el territorio; sin embargo, en estas agendas y estos diálogos han ido quedando temas intratados, ya sea por no ser de sus competencias o por el lugar que ocupan las partes en la correlación de fuerzas del conflicto armado; los cuales han venido convirtiéndose en una mera crítica de demanda social para que sean acordados en el escenario que es posible resolverlo.
Así, temas como el modelo de desarrollo energético, el modelo económico del país, la doctrina militar para tiempos de paz, el modelo de ordenamiento territorial, la reforma a la justicia, la reforma política para profundizar y extender la democracia, la reforma del estado para hacerlo más eficiente de cara a garantizar los Derechos Humanos (DECS); entre otros resumen las grandes preocupaciones de los colombianos porque están ligados con los objetivos y subjetivos del conflicto que estamos evocados a superar y porque en su examen y construcción de consensos democráticos para sus solución está la real paz estable y duradera y para asegurarnos que la guerra no vuelva nunca más.
Estos temas sólo podrán ser examinados en el ámbito de una Asamblea Nacional Constituyente o a lo que se llegue mediante un gran acuerdo político nacional construido y signado por todas las fuerzas políticas y sociales de la nación, sin exclusiones, en el que se de cuenta del papel de las nuevas realidades que constituyen los nuevos movimientos políticos y sociales, que sin tener representación parlamentaria, existen y son protagonistas en la vida nacional, así como de los nuevos movimientos que surgen de los procesos de paz en curso.
Finalmente, se requiere de una gran disposición para hacer unidad y construir alianza entre las distintas fuerzas políticas y sociales, para construir una Fuerza social constituyente democrática que sobre el cuerpo de la Constitución Política de 1991, conserve los aspectos fundamentales de unidad de la nación, de identidad de los colombianos, de estructura del Estado y los avances en materia de Derechos Humanos, ciudadanos y civiles; se incorporen actualizaciones y reformas estructurales que hagan posible interpretar la nueva constitución como un contrato social renovado para la paz; así de ese modo, la nueva constitución nacional podrá ser el tratado de paz que cierre el capítulo de cien años de soledad en Colombia y una nueva oportunidad sobre la tierra para los colombianos.
Carlos Arturo Velandia
6 de julio de 2016
Calabozos de Paloquemao, Bogotá.