El nombramiento de Darío Acevedo como la cabeza de la agencia estatal encargada de reunir el material documental y testimonial sobre violaciones derechos humanos ocurridas en el marco del conflicto armado interno, para proporcionar y enriquecer el conocimiento de la historia política y social de Colombia, despertó repudio en amplios sectores sociales y organizaciones de víctimas. ¿La razón? Niega la existencia del conflicto armado y en varias ocasiones ha estigmatizado.
Y la tercera fue la vencida. En la tarde de ayer, el presidente de la República, Iván Duque Márquez, expidió el Decreto 247 de este año, por medio del cual nombró a Acevedo, profesional en Historia con maestría y doctorado en esa área, como Director General del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).
Desde que llegó a la Casa de Nariño, definir el reemplazo Gonzalo Sánchez, quien estuvo al frente del CNMH desde su creación en 2011, cuando se promulgó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, se convirtió en un dolor de cabeza para el primer mandatario de colombianos. Antes de Acevedo, dos personas estuvieron cerca de ocupar ese cargo, pero la presión de diversos sectores sociales reversó el nombramiento.
El primer descartado fue el periodista Mario Javier Pacheco, quien anteriormente había señalado que el CNMH era una “estructura infiltrada por la guerrilla”. En una columna publicada en el portal Kienyke.com, titulada Carta abierta a Márquez y al Paisa, de las Farc, señaló: “(…) Es bueno advertir que dicho Centro es otra de esas estructuras infiltradas, pagadas por el Estado para deslegitimar al mismo Estado y que sus informes lujosos y voluminosos, están cargados de omisiones tendenciosas que pretenden minimizar los horrores de las Farc y echar la culpa de los mismos, al Estado y al extinto grupo criminal de las AUC”.
El otro aspirante que estuvo a punto de llegar a la Dirección del CNMH fue el catedrático Vicente Torrijos, quien, el pasado 7 de diciembre, declinó el ofrecimiento, luego de que se descubriera que no tenía doctorado en Relaciones Internacionales y que había contratado en dos ocasiones con el Estado atribuyéndose dicho título de posgrado. En una carta, tras ser despedido de la Universidad del Rosario, le expresó al presidente Duque que rechazaba su designación por “las infundadas, injustas y tendenciosas informaciones que han circulado en los medios de comunicación y en las redes sociales, han afectado mi buen nombre y le están causando molestias a su gobierno”.
Finalmente, y a pesar de la férrea oposición que expresaron organizaciones de víctimas y de la presión que también se generó en redes sociales, el jefe del Ejecutivo hizo caso omiso y nombró como nuevo director del CNMH al historiador antioqueño Darío Acevedo, quien fue docente y Vicedecano de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad Nacional.
La principal crítica hacia Acevedo es su postura ‘negacionista’ del conflicto armado interno, en favor de otra sobre un Estado que combatió una amenaza terrorista. Al respecto, en una reciente entrevista con el diario El Colombiano, señaló que “aunque la Ley de Víctimas dice que lo vivido fue un conflicto armado, eso no puede convertirse en una verdad oficial”. Postura similar expresó en el periódico El Tiempo: “Pienso que ciertas fuerzas políticas comunistas y de izquierda intentaron adelantar una guerra revolucionaria en Colombia, pero fracasaron en su propósito de involucrar a amplios sectores de la población y dividirla en dos bandos claramente delimitados”.
A pesar de ello, el historiador ha señalado que sus opiniones son personales y no tienen por qué afectar su labor como director del CNMH: “Para tranquilidad de las víctimas quiero aclarar que, por filosofía, por estipulaciones de la función pública y por experiencia en mi vida académica, no mezclaré ni afectaré la recolección de sus memorias con mis opiniones personales. Como alto funcionario del Estado habré de respetar y de garantizar la inviolabilidad de los testimonios, se traten de víctimas de los grupos paramilitares, de los grupos guerrilleros o de agentes del Estado que hayan abusado de la autoridad”.