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El decreto 1167, expedido el 11 de julio de 2018, fijó un período de tres meses para que las víctimas que pretendían ser incluidas en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente presentaran su solicitud ante la Unidad de Restitución. El plazo vence este jueves, pese a que hay una demanda en el Consejo de Estado contra la medida.